El CAID exhortó a los legisladores a unificar los once proyectos de ley sobre discapacidad para evitar solapamientos y confusiones.
El Centro de Atención Integral a la Discapacidad fijó este viernes su posición sobre el proyecto de modificación de la Ley 53-13 sobre discapacidad sometido por la diputada Betty Gerónimo, en la que considera esencial otorgar un papel protagonista a las familias y a la niñez con discapacidad en la definición de las estrategias o procesos institucionales que se ejecuten.
Al intervenir en las vistas públicas convocadas por la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el director nacional del CAID Henry Rosa consideró un buen auspicio los criterios coincidentes de varios de los representantes de organizaciones que trabajan con la discapacidad e instó a los legisladores a aprovechar el clima favorable a las decisiones consensuadas.
“Estamos en un buen momento y ustedes, como legisladores, tienen la oportunidad de seguir congregado y profundizando en el tema para realizar una armonización integral. Es sintomático que tengamos depositadas en el Congreso once iniciativas sobre discapacidad”, expresó Rosa, quien destacó asimismo el carácter multidisciplinar de la posición del CAID, que agrega al enfoque médico la perspectiva sociocultural de la discapacidad.
Entre las propuestas de enmienda al proyecto sometido por Gerónimo por el CAID, están la obligación del tamizaje neonatal para identificar enfermedades cuyo tratamiento oportuno puede prevenir algunas discapacidades, una formación de docentes que garantice la inclusión educativa en todos los niveles del sistema y la creación en cada centro escolar de un departamento que dé seguimiento y apoyo a la población estudiantil incluida.
El CAID es crítico con otras modificaciones de la Ley 13-05 presentadas la diputada, entre ellas la de maestros acompañantes, la formación de un departamento de asistencia legal y la relativa a la tutela legal de las personas con discapacidad severa.
Aduce el CAID que los llamados maestros acompañantes no son necesarios en todos los casos y en su lugar relieva el principal compromiso con la formación de docentes en aulas con las adecuaciones curriculares y estructurales pertinentes.
Respecto a la asistencia y la tutela legales, el CAID argumenta que la primera duplicaría las funciones de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General y del propio Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), y que la segunda está prevista en el Código Civil.
Otras consideraciones críticas del CAID tienen que ver con las propuestas de exención fiscal, cuotas obligatorias en proyectos habitacionales públicos y privados, multas por uso de parqueos reservados e incumplimiento de normas en la construcción de edificios.
Por último, el CAID exhortó a los legisladores a unificar los once proyectos de ley sobre discapacidad para evitar solapamientos y confusiones sobre las actuaciones y responsabilidades de los distintos órganos del Estado en la materia.
