Sus cuerpos no sólo contravienen el cuerpo femenino aceptado, sino que tampoco son funcionales al papel que la cultura asigna a la femineidad.
Como sobre muchos otros aspectos críticos de su realidad, el país carece de datos sobre la discapacidad que permitan adoptar políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos de las personas cuyos cuerpos y funcionalidades no se adecuan a la visión normativa de lo “normal”.
Solo dos encuestas, ENDESA (2013) y ENHOGAR (2019), y un censo (2010) se han ocupado de registrar la discapacidad, en cada caso limitando el registro a condiciones cuyas razones de elección no son patentes: visual, auditiva, del habla o comunicación, físico-motora e intelectual.
Las variables utilizadas por estas categorías reflejan tanto una pobre conceptualización sobre las condiciones incluidas en los cuestionarios, como los prejuicios que los sesgan. Pero más allá de sus déficits, estos estudios permiten identificar las sensibles brechas entre las personas con condición de discapacidad y quienes no son identificados como tales. Más que brechas funcionales, son brechas sociales que naturalizan la segregación de los cuerpos diferentes porque, según la norma, son cuerpos minusválidos (del latín minus “menos” y válido), es decir, desvalorizados.
Estas brechas se amplían en el caso de las niñas y las mujeres con discapacidad. El documento “Discapacidad en niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana: situación y respuesta” (2019), basado en las fuentes primarias mencionadas, ofrece algunas pistas interesantes sobre esta mayor desventaja femenina.
Aun cuando los niños y los hombres son estadísticamente más numerosos en los tipos de discapacidad incluidos en las encuestas y el censo de referencia, un porcentaje mayor de niñas que de niños en los rangos de edad de 5 a 9 años y de 10 a 14 años no asiste a la escuela: 42.9 y el 33.3 contra el 40.0 y el 30.5, respectivamente.
La vivencia de la discriminación es también mayor en las niñas y mujeres con condición de discapacidad menores de 20 años. Ellas constituyen mayoría porcentual entre quienes se perciben discriminados por discapacidad auditiva (39.5 contra el 26.8 de los varones), del habla (41.1 contra el 37.1 de los varones) y físico-motora (38.3 contra 24.7 de los varones). Los hombres se sienten más discriminados por discapacidad visual (34.3 contra el 30.5 de las mujeres) e intelectual (41.6 contra el 40.5 de las mujeres).
Esta mayor percepción de discriminación contrasta con el peso que las niñas y las mujeres tienen en las condiciones de discapacidad registradas por las encuestas y el censo. Como porcentaje de la población total, ellas son menos que los varones con discapacidad auditiva (0.4 contra el 0.22); del habla (0.85 contra el 0.22) y físico-motora (0.83 contra el 0.69), las tres condiciones por las que se las discrimina.
Las niñas y mujeres menores de 20 años también confrontan mayores dificultades para desplazarse en y fuera de la vivienda. Mientras que el 54.7 de ellas encuentra barreras a la movilidad en el hogar, sólo sucede lo mismo con el 43.5 de los hombres y niños. Fuera de la vivienda, la relación es de 52.8 contra 47.2.
Las limitaciones de estas fuentes estadísticas nacionales impiden explorar otras dimensiones de discriminación social, económica y cultural de las niñas y mujeres con condición de discapacidad. Empero, datos globales de un estudio realizado en el 2018 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA, por sus siglas en inglés) apuntan que estas experimentan hasta diez veces más violencia de género y corren un mayor riesgo de violencia sexual que las mujeres sin discapacidad.
Al plantear la necesidad del enfoque de género de la discapacidad, los autores del “Estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en base a los datos del SIUBEN 2018”, corroboran lo dicho por el UNPFA sobre la discriminación que sufren las niñas y las mujeres con discapacidad tanto por su género como por su condición.
Como lo resaltan ambos estudios, los patrones sociales que alimentan la discriminación de las mujeres tienden a potenciarse en el caso de las niñas y mujeres con discapacidad: sus cuerpos no sólo contravienen el cuerpo femenino aceptado, sino que tampoco son funcionales al papel que la cultura asigna a la femineidad. Desde esta perspectiva discriminadora, son un doble error por el que la sociedad les hace pagar el precio.
